Arzobispado de La Paz

La funcionaria, de nacionalidad sudafricana, cerró este martes cinco días de reuniones en Bolivia con una rueda de prensa en la que pidió al presidente Morales ajustar algunas de las recientes leyes “a los estándares internacionales”, y que se aplique un debido proceso en juicios que involucran a opositores políticos.
Pillay indicó que si bien necesario superar el impasse con respecto a los retrasos en la administración de justicia, ahora es el momento de comenzar la selección de candidatos de manera urgente con el fin de asegurar la independencia del Poder Judicial.
“Uno de los tres pilares de una sociedad democrática es un poder judicial independiente, eso es lo que pongo en énfasis para Bolivia, el respeto por el estado de derecho y juicio justo”, remarcó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

La Paz, 16 de noviembre de 2010 (Erbol).- La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, afirmó este martes que los indígenas bolivianos continúan excluidos por la falta de acceso a la justicia y la amplia impunidad que existe en los casos de violación de sus derechos. A su vez, destacó la vigencia de la Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación, para cuya aplicación pidió al gobierno de Evo Morales un sistema judicial independiente que garantice el debido proceso de quienes sean enjuiciados por transgredir dicha norma.

La funcionaria, de nacionalidad sudafricana, cerró este martes cinco días de reuniones en Bolivia con una rueda de prensa en la que pidió al presidente Morales ajustar algunas de las recientes leyes “a los estándares internacionales”, y que se aplique un debido proceso en juicios que involucran a opositores políticos.

Pillay indicó que si bien necesario superar el impasse con respecto a los retrasos en la administración de justicia, ahora es el momento de comenzar la selección de candidatos de manera urgente con el fin de asegurar la independencia del Poder Judicial.

“Uno de los tres pilares de una sociedad democrática es un poder judicial independiente, eso es lo que pongo en énfasis para Bolivia, el respeto por el estado de derecho y juicio justo”, remarcó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas.

De esta manera contestó a la pregunta que realizó una periodista en sentido de que el presidente Evo Morales había nombrado a la fecha a las máximas autoridades de justicia en el país, razón por lo que enfatizó la representante de la ONU que en el proceso ejecutado a cualquier persona que vulnere la ley debe existir la imparcialidad.

“Para proteger la legítima libertad de expresión y para diferenciarla de las expresiones que incitan al odio y violencia, la ley internacional requiere que las limitaciones sean estipuladas por ley, que sean definidas de forma clara y precisa y que sean implementadas por un ente independiente”, recalcó.

Pillay reconoció que una ley contra las prácticas racistas y discriminatorias representa un avance histórico para el país y reveló que la aprobación de una norma de esas características fue solicitada en su momento al Estado boliviano por las Naciones Unidas.

No obstante, al referirse a la discrepancia entre gobierno, las organizaciones de periodistas y medios de comunicación, manifestó que existe un riesgo legal importante en el país si no se reglamenta de manera adecuada la norma antirracismo.

“La prohibición de ideas racistas si no está adecuadamente regulada puede afectar el derecho a la libertad expresión, (es más) la ley internacional requiere que los Estados castiguen el racismo y la discriminación racial, el discurso racista, de odio e incitación a la violencia, los cuales son inaceptables en una sociedad democrática”, aseveró.