Arzobispado de La Paz

Castelú, abogado defensor de los familiares de las víctimas, aseguró que tanto Policía como las autoridades del gobierno, en reiteradas ocasiones, restaron importancia al caso y que de no ser por las denuncias públicas hechas por los medios de comunicación jamás hubieran sido rescatados los cadáveres.

La Paz, 6 de junio de 2010 (Erbol).- El abogado Johnny Castelú denunció este domingo la actitud de indiferencia que asumió la Policía boliviana en la atención del caso de los cuatro efectivos de la Dirección de Prevención de Robo Contra Vehículos (Diprove) linchados en una comunidad de Uncía, Potosí.

Castelú, abogado defensor de los familiares de las víctimas, aseguró que tanto Policía como las autoridades del gobierno, en reiteradas ocasiones, restaron importancia al caso y que de no ser por las denuncias públicas hechas por los medios de comunicación jamás hubieran sido rescatados los cadáveres.

“Nadie nos escuchó, ni autoridades de gobierno ni la Policía, hasta que sentamos denuncia pública en un medio de comunicación y recién recibimos un llamado del Comando de la Policía Boliviana para atender nuestro caso”, lamentó, al señalar que el comandante de la institución del orden se comprometió a intervenir la zona hasta el medio día del lunes pasado, lo que jamás ocurrió.

Al hacer una cronología de los hechos, recordó que cuando se hizo cargo del caso, hace dos semanas, junto a los familiares de los ejecutados, fue echado de la Plaza Murillo por policías mientras declaraban ante los medios de comunicación.

Sobre la declaración del Comandante Departamental de la Policía de Oruro, coronel Guido Espinoza, en el sentido de que los linchados eran excelentes profesionales, manifestó que esta autoridad policial también les falló porque se comprometió a ingresar a la zona donde fueron linchados para rescatar los cuerpos, lo que no hizo.

Lamentó que las autoridades no actuaran oportunamente y lo que es peor negociaran con los asesinos de los cuatro policías de Diprove Oruro.

Anunció que tomarán acciones en contra de las autoridades nacionales que no actuaron oportunamente y pedirán resarcimiento económico para los familiares.