El 16 de abril, en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, un grupo de policías intervino de forma violenta cinco habitaciones en las que estaba hospedado el boliviano Eduardo Rózsa, al que acusan de ser cabecilla del movimiento y que resultó muerto, al igual que otros dos extranjeros. Otros dos guardan reclusión en la cárcel de La Paz.

Sucre, 16 de agosto de 2009.- La remisión del expediente del caso Eduardo Rózsa a la Corte Superior de Santa Cruz para resolver el conflicto de competencias surgido en este proceso causó molestia en el Ejecutivo nacional, que ya anunció juicio a varios magistrados de Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia que tomaron tal determinación el pasado viernes.

"Vamos a enjuiciar a los vocales que han tomado esa decisión violentando los procedimientos internos de la Corte y violentando un tema de protección de la sociedad y del Estado", dijo el vicepresidente Álvaro García Linera. Además, calificó al sistema judicial de la capital oriental de ser uno de los peores “porque ahí no se maneja la justicia, hay una parte de funcionarios que manipula en función de favores personales, en función de fidelidades, amistad y de comparsa”.

La respuesta de la Corte Superior de Distrito de Santa Cruz no se hizo esperar. El titular de esta institución, Oswaldo Céspedes, dijo que el tema que les ha delegado la Corte Suprema se analizará el próximo miércoles en Sala Plena, luego de ver los alcances del artículo 311 del Código de Procedimiento Penal (CPP), para definir si es una de las salas penales de este distrito o una de La Paz la que debe asumir competencia.

“Quiero que se entienda bien: el que la Corte Suprema hubiera derivado el asunto a la Corte Superior del distrito de Santa Cruz, no significa que se haya decidido quién tiene la competencia en razón de territorio. Esta instancia puede decidir que el asunto, en su totalidad, sea remitido a La Paz o, en su caso, si el proceso será remitido al juez que intervino primero en Santa Cruz”, manifestó. Céspedes aseguró que una vez la Sala Plena analice las bases legales, tiene cinco días para decidir.

El caso que reaviva las tensiones se refiere a una presunta célula terrorista que la Policía intervino en un hotel de Santa Cruz el 16 de abril de este año, operativo en que resultaron muertos el boliviano Eduardo Rózsa y dos extranjeros. Otros dos involucrados guardan detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz. El caso fue llevado en el tribunal paceño, pero la jurisdicción cruceña reclamaba que el proceso sea remitido a la capital cruceña.

Céspedes manifestó que el Poder Judicial es único en Bolivia y que los jueces que lo conforman son idóneos en cualquier lugar del país. “La justicia no es regionalista. Sea en La Paz o aquí, siempre debe aplicarse lo que la ley y el ordenamiento jurídico establecen para cada caso particular”, manifestó.

El artículo 311 del Código de Procedimiento Penal establece que el conflicto debe resolverlo el distrito donde se encuentra el juez que previno primero el caso, que en este caso fue Luis Tapia, de Santa Cruz.

Los hechos ocurridos.

El 16 de abril, en el hotel Las Américas, de Santa Cruz, un grupo de policías intervino de forma violenta cinco habitaciones en las que estaba hospedado el boliviano Eduardo Rózsa, al que acusan de ser cabecilla del movimiento y que resultó muerto, al igual que otros dos extranjeros. Otros dos guardan reclusión en la cárcel de La Paz.

El fiscal Marcelo Soza encabezó las investigaciones y citó a varias personas a declarar por el tema que fue dilucidado en el tribunal paceño, pero era reclamado por la jurisdicción cruceña.

Comisión. Una comisión de parlamentarios se conformó de forma paralela para investigar el caso.

El Gobierno reacciona a la decisión

El presidente Morales expresó que el caso, que implica a personalidades de Santa Cruz, la región más rica y pujante del país andino amazónico, vaya a parar a una congeladora de camino al olvido.

"Estoy sorprendido por la decisión que tomó anoche (del viernes) la Corte sobre quién tiene que juzgar a los terroristas y separatistas", afirmó el mandatario durante una vista a Sucre, sede del Judicial y bastión de sectores abiertamente opuesto al gobernante indígena.

Morales dijo que la justicia en Santa Cruz mostró, en el último tiempo, principalmente en la resolución de una intentona golpista contra su administración, que comportó, entre julio y setiembre de 2008, la toma y saqueo de oficinas estatales, de aeropuertos y hasta la voladura de ductos en Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando, una faz oscura y reptante.

"El año pasado, la Policía detuvo a dos jóvenes que llevaban 300 balas y armas con miras telescópicas. La investigación descubrió que esa gente debía ubicarse en el cine Center que está frente al aeropuerto El Trompillo (donde presidía un acto cívico) para atentarme. Se llevó a los sospechosos a los fiscales y jueces, y los liberaron como santos", reprochó.

Recordó también cómo los implicados con la célula de Rózsas fueron liberados sin siquiera proceso sumario, entre otros miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, brazo armado del político empresarial y ultraopositor Comité Pro Santa Cruz.

"Quienes tomaron instituciones el año pasado todos están libres. ¿Qué tipo de confianza se puede tener con fiscales y jueces de Santa Cruz?", cuestionó.

De hecho, su gobierno anunció un juicio de responsabilidades a los siete magistrados que trataron un recurso planteado por un juez de Santa Cruz, Pachi Tapia, para que el caso, que avanzaba a ritmo sostenido en La Paz, sede del Ejecutivo, sea traslapado a la competencia de autoridades judiciales de esa región oriental boliviana, de donde, tras destapado el escándalo, han huido empresarios y personalidades vinculadas a esferas de poder agropecuario en una actitud que parece plantear el axioma penal de ante confesión de parte relevo de prueba.

El fiscal Soza concernido.

"La Corte Suprema de Justicia no ha tomado en cuenta aspectos fundamentales y ha emitido un fallo ilegal. Nosotros vamos a ver la posibilidad de hacer anular este fallo, porque viola garantías y derechos constitucionales", precisó.

El Fiscal advirtió que la acción de la Suprema pretende dejar en la impunidad el caso de terrorismo, sobre todo para dejar impunes a quienes están involucrados en este caso, que son los más interesados en que ello ocurra efectivamente.

Por su lado el diputado oficialista, César Navarro, cabeza de una comisión multipartidaria de espectro nacional, que investiga las conexiones del grupo de Rózsa, calificó de "vergonzosa" y "política" la decisión judicial.

Por último, la activista Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) expresó su repudio a la decisión de la Suprema

"Como Derechos Humanos repudiamos esa decisión y en ese sentido pedimos que los magistrados rectifiquen esta conducta tan pronto como sea posible", afirmó el presidente de la APDHB, Rolando Villena.

El activista calificó la determinación como "muy preocupante". "Es una incongruencia descomunal no interpretar los hechos políticos que se han dando en Santa Cruz, y haciéndose de la vista gorda de todo ello, autorizar  para que el juicio sea en Santa Cruz, tomando en cuenta que, precisamente, en esa ciudad hubo vejaciones, humillaciones y todo lo que tiene que ver con terrorismo, sin que haya existido clara y oportuna acción judicial", afirmó.

Villena afirmó que "no queda otra cosa que esto se rectifique cuanto antes porque, de lo contrario, sólo va ha ser una larga historia más de la impunidad que ya se tiene en Santa Cruz, por la forma cómo operan los jueces".