La Paz, 10 de abril de 2010 (efe).- ex Ministro del Interior de la dictadura de Luis García Meza (1980-1981), Luis Arce Gómez, sostuvo el viernes que revelará datos sobre las desapariciones ocurridas durante ese período si su caso es revisado.

La ex autoridad hizo esta afirmación tras asistir a una audiencia en la Corte de Distrito de La Paz en la cual se fijó el monto de una multa que debe pagar como parte de su sentencia por los crímenes cometidos durante la dictadura.

"Cuando abran mi caso voy a hablar", dijo Arce Gómez, al ser consultado por los medios sobre el paradero de los restos del ex líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, quien fue asesinado el 17 de julio de 1980, cuando se produjo el golpe de Estado de García Meza.

Ratificó el contenido de la declaración voluntaria realizada el año pasado, en la que reveló que existen archivos militares clasificados en los que se podría hallar información sobre los desaparecidos bajo ese régimen.

Esta información también fue confirmada el mes pasado por el propio García Meza, quien además anunció que publicará un libro con detalles sobre su Gobierno.

La defensa de Arce Gómez indicó el año pasado que el ex militar "revelará la información que conoce" si se anula la sentencia en su contra, lo cual fue descartado por el Gobierno de Evo Morales.

Arce Gómez, conocido como "el Ministro de la cocaína", fue deportado desde EE.UU. en julio de 2009 después de cumplir 15 años de prisión por narcotráfico y fue encarcelado en el penal de alta seguridad de Chonchocoro, en el altiplano boliviano, donde también cumple su pena García Meza.

En el penal, Arce Gómez, de más de 70 años y con problemas de salud, debe cumplir una condena de 30 años impuesta en 1993 por alzamiento armado, formación de grupos irregulares, atentados contra la prensa, asesinato y genocidio.

La entrega de los archivos de la dictadura de García Meza al grupo de fiscales que investigan el caso generó discrepancias entre el Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y el Gobierno de Evo Morales.

Mientras el Ejecutivo defiende la "colaboración" de las Fuerzas Armadas en la investigación para hallar los restos de los desaparecidos en la dictadura, la Fiscalía insiste en que los militares no cumplen con la entrega de archivos.