El daño económico fue producto de la venta de diesel y gasolina especial a Marcelo Limón Camacho, supuesto propietario de las estaciones de servicio Ángel Sandoval en San Matías, Bella Vista en Piso Firme y San Pedro del Norte en la zona del mismo nombre, quien pagó esas compras con 22 cheques observados por los bancos Bisa y Unión.La Paz, 11 de marzo de 2010.- (abi) El vicepresidente Álvaro García Linera advirtió el jueves con el máximo castigo legal a las personas que le roben al Estado y pidió que se abstengan de esas viejas prácticas o que se atengan a las consecuencias, al referirse a los actos de corrupción denunciados en la regional de la estatal YPFB en la ciudad de Santa Cruz.El presidente en ejercicio por el viaje de Evo Morales a Chile, dijo que inmediatamente se conoció la denuncia de irregularidades, convocaron al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, para que ponga a disposición de la Fiscalía los documentos y a los funcionarios, para la investigación pertinente."Nuestro pedido a YPFB y lo hacemos público a las personas privadas involucradas en corrupción, el máximo de los castigos. Personas privadas que le roban un solo centavo al Estado que se atengan a las consecuencias", remarcó en una conferencia de prensa ofrecida en Palacio de Gobierno.En esa dirección, señaló que el Ejecutivo está "muy contento" con la intervención a las gasolineras de los involucrados y pidió el máximo castigo y "si es posible la cárcel"."Y así vamos a proceder con cualquier empresa que le robe al Estado, que le engañe al Estado y que afecte económicamente al Estado", remarcó.Dijo que en lo referido a los funcionarios, todos están en investigación porque no "hay protección para nadie" y consideró que funcionario que sea encausado por la fiscalía, inmediatamente debe asumir sus responsabilidades en el ámbito fiscal."Todo el personal de comercialización de Santa Cruz está a disposición de la Fiscalía, tiene que entregar la documentación y su situación laboral depende del avance de las investigaciones", subrayó y agregó que el Ejecutivo apoyará a la Fiscalía en las decisiones que tome.Días atrás fue descubierta una millonaria corrupción en el Distrito Comercial Oriente de YPFB Santa Cruz, que sufrió la estafa de 2,3 millones de bolivianos, por lo que se suspendió a tres funcionarios y se inició un sumario administrativo a seis empleados de menor jerarquía.El daño económico fue producto de la venta de diesel y gasolina especial a Marcelo Limón Camacho, supuesto propietario de las estaciones de servicio Ángel Sandoval en San Matías, Bella Vista en Piso Firme y San Pedro del Norte en la zona del mismo nombre, quien pagó esas compras con 22 cheques observados por los bancos Bisa y Unión.