Arzobispado de La Paz

La SIP explicó que el Gobierno boliviano impulsa una ley de Telecomunicaciones que obligaría a todos los operadores de radiodifusión y televisión, en señal abierta o por cable, a trasmitir en forma gratuita todos los mensajes oficiales de Morales. Marroquín destacó que "en todo país democrático" y allí donde "reina el estado de derecho" sólo se contemplan como obligatorios aquellos mensajes que sean "útiles y de interés público", como en los casos de "seguridad nacional, conmoción interna o emergencia sanitaria".

Miami, 25 de mayo de 2011 (efe).- El presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Gonzalo Marroquín, calificó hoy de "abuso de poder" una serie de normas y proyectos legales promovidos por el presidente, Evo Morales, entre otros uno que impone de "forma obligatoria" a los medios la divulgación de sus mensajes.

"Nos encontramos ante un abuso de poder que restringe la libertad de prensa y el criterio editorial de los medios, al imponer en forma obligatoria y gratuita que se divulguen los mensajes de un Presidente", señaló en un comunicado Marroquín.

En ese sentido, lamentó que "se sigan promoviendo leyes restrictivas de la libertad de expresión en varios países sudamericanos".

La SIP manifestó también su preocupación por las normas que prohíben a los medios que entrevisten u opinen sobre la elección de magistrados en Bolivia.

La SIP explicó que el Gobierno boliviano impulsa una ley de Telecomunicaciones que obligaría a todos los operadores de radiodifusión y televisión, en señal abierta o por cable, a trasmitir en forma gratuita todos los mensajes oficiales de Morales.

Marroquín destacó que "en todo país democrático" y allí donde "reina el estado de derecho" sólo se contemplan como obligatorios aquellos mensajes que sean "útiles y de interés público", como en los casos de "seguridad nacional, conmoción interna o emergencia sanitaria".

"Una imposición de este tipo -puso de relieve Marroquín- es darle una licencia al Gobierno para emitir propaganda sin límites, aún cuando la información no tenga relevancia para la ciudadanía".

El proyecto de Ley también contempla acortar de 20 a 10 años el plazo de vigencia de las concesiones a los medios radioeléctricos, así como la aplicación de penalidades en caso de interferencia.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Libertad de prensa e Información de la SIP, el estadounidense Robert Rivard, se sumó a organizaciones locales de prensa que destacaron como positivo que Morales solicitara a la Asamblea Legislativa modificar la Ley de Régimen Electoral.

La polémica, según la SIP, radica en que el Artículo 82 de esa norma prohíbe a los magistrados aspirantes al Poder Judicial conceder entrevistas, emitir opiniones, participar en medios radiales, televisivos o escritos, y hacer proselitismo político tres meses antes de los comicios.

 La reforma, ya bajo escrutinio del Congreso, contempla eliminar esas restricciones para las elecciones de magistrados previstas para el próximo 16 de octubre, así como sanciones contra los medios que divulguen ese tipo de información, opiniones o propaganda.

 Por su parte, el copresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, el uruguayo Claudio Paolillo, recordó que la "SIP insiste en las limitaciones legislativas a la libertad de prensa, que invalidan la Ley de Imprenta y otros principios contenidos en la Constitución".

 Entre esas leyes, Paolillo, quien lideró una delegación internacional de la SIP a La Paz en octubre de 2010, dijo que la Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, pese a que tiene un fin loable, "esconde en su articulado una verdadera amenaza y mordaza" en contra de los periodistas y los medios.