La Paz ,  13 de noviembre de 2009.- Llegaron a Bolivia James Cavallaro y Thomas Becker, para reunirse con el abogado de las 72 víctimas, Rogelio Mayta, y otros juristas.

Un juez federal de Miami allanó el camino para procesar en un tribunal de Estados Unidos al ex Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y al ex Ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, tras rechazar las fundamentaciones de ambos imputados sobre la demanda interpuesta por los familiares de las víctimas de octubre de 2003.

La información la dio a conocer Rogelio Mayta, abogado de la parte civil que impulsa el juicio de responsabilidades contra el ex gobernante, quien dijo que la demanda civil contra Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín para el resarcimiento económico a las víctimas de la "guerra del gas" por los daños ocasionados seguirá su curso.

"En los últimos dos años Gonzalo Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín trataron de frenar el proceso, después de ese tiempo el juez federal Adalberto Jordán desestimó estas mociones. Es un victoria que logramos, eso viabiliza a que se siga con el proceso", apuntó.

Mayta afirmó que a partir de este fallo, emitido por un Juez absolutamente neutral, se establece que los hechos de la masacre de octubre de 2003 merecen ser llevados a un proceso judicial y sancionados.

Declaró que lo importante de este proceso civil no es el resarcimiento económico, sino que los imputados confronten a sus víctimas por los daños ocasionados y asuman sus responsabilidades.

El Juez Adalberto Jordán resolvió que las demandas de los querellantes bolivianos contra ambas personas son viables.

Acción civil

La acción civil fue iniciada por los familiares de las víctimas una vez que se comprobó que en septiembre y octubre del 2003 los acusados ordenaron a las fuerzas de seguridad de Bolivia que emplearan fuerza letal, incluyendo fusiles y ametralladoras de guerra, contra manifestaciones de civiles que rechazaban la política económica neoliberal.

Con este fin, llegaron a Bolivia el Director Ejecutivo del Programa de Derechos Humanos y Profesor de la Facultad de Derecho de Harvard, James Cavallaro y Thomas Becker, para reunirse con el abogado de las 72 víctimas, Rogelio Mayta, y otros juristas.

Del total de víctimas, 60 fallecieron, además de los 400 heridos a consecuencias de disparos de armas de fuego de uso militar.

"El Departamento de Estado de Estados Unidos determinó no pronunciarse ni a favor ni en contra del fallo, simplemente guarda silencio sobre el juicio que debe enfrentar Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín", precisó Cavallaro.

En la acción civil que siguen los familiares de las víctimas en Estados Unidos, Sánchez de Lozada y Berzaín intentaron frenar la acción por los delitos de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales y homicidios, denunció el jurista.

Aseguró que "el proceso proseguirá y el fallo es solamente un recordatorio de que las ex autoridades del Gobierno boliviano no pueden actuar con impunidad".

A su juicio, la decisión "es un ejemplo poderoso de cómo el derecho internacional está impidiendo que aquellos que violan los derechos humanos puedan eludir sus responsabilidades simplemente al fugar a otro país".